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¿’Conejo’ a otro proyecto anticorrupción?

A pesar del esfuerzo de los promotores de la Consulta Anticorrupción para hacer pública la declaración de renta de los funcionarios del Estado, este martes en plenaria de Cámara de Representantes el proyecto pasó, pero con limitaciones; la declaración de renta, bienes y patrimonio solamente será accesible para los organismos de control, no para la ciudadanía.

A partir de la decisión, la exsenadora Claudia López, promotora de la Consulta, manifestó que “se le está haciendo conejo a la Consulta Anticorrupción” debido a que ese no fue el punto que aprobaron más de 11 millones de colombianos el pasado 26 de agosto y que se añadió en el paquete anticorrupción radicado por el gobierno de Iván Duque.

“No mientra ministra. Mico que aprobaron mantiene en reserva para los ciudadanos declaración de renta, bienes, patrimonio y conflictos de interés. Aprobaron lo que ya existe: que organismos de control la puedan pedir”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, publicó en Twitter la diferencia entre lo que se aprobó en la consulta y lo que avanzó en la Cámara de Representantes:

En medio del debate, los congresistas daban sus pro y sus contras a esta iniciativa. Unos comentaban que la aprobación de este proyecto era peligrosa porque: “Aquí secuestran o matan por cualquier tipo de bien, no tenemos que exponer a los servidores públicos de manera abierta”, como lo aseguró el representante del partido de la U, Jorge Tamayo.

Sin embargo, los que apoyaban la iniciativa, aseguraron que hace parte de un “estándar básico de transparencia”.

“Este sería un acto legislativo que no estaría haciendo nada más allá de lo que ya existe que es que lo solicite la autoridad competente (…) Es un estándar típico de cualquier país que le apuesta a la transparencia en una lógica de lucha contra la corrupción”, manifestó Juanita Goebertus.

¿Qué dice el Gobierno Nacional?

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la aprobación de este proyecto le facilitará a los organismos de control investigar delitos en contra del patrimonio. Destacó como “un avance” que se haya limitado la reserva para la Contraloría y Procuraduría, porque según ella, en la actualidad solo se levanta la reserva para investigaciones penales.

Explicó que este proyecto aprobado en segundo debate, permite que exmiembros de grupos armados que se hayan desmovilizados acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puedan ser empleados públicos o ser contratados por el Estado, al igual que los miembros de la Fuerza Pública, con exepción a los que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o contra el patrimonio público.

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La suerte de este proyecto, que en su naturaleza pretende ser anticorrupción, será definida en tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República.

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