Home / Noticias / 2018, el año más violento contra la libertad de la prensa en una década: Flip

2018, el año más violento contra la libertad de la prensa en una década: Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en su informe que detalla el balance de este oficio durante el año pasado, lo dice sin rodeos: “el 2018 fue el año más violento contra la prensa colombiana en esta década”. Y va más allá al afirmar que fue el año en que se presentaron más agresiones contra la prensa desde 2006, cuando la organización comenzó a hacer sus propios registros.

Secuestros, hostigamientos, amenazas, obstrucciones a la prensa, eliminaciones de material periodístico, acoso judicial, violencia de género, exilios y desplazamientos internos, impidieron que los periodistas de todo el país pudieran desarrollar su labor libremente. Incluso, 19 embajadas y organizaciones internacionales firmaron un comunicado rechazando las crecientes amenazas en contra de periodistas y manifestando su preocupación por la violencia contra la prensa.

Según el documento, a esta situación se le suma la falta de compromiso para solucionar este asunto por parte de los poderes públicos y los principales liderazgos del país, o el proyecto de ley que otorga “un poder excesivo al gobierno para que, directa o indirectamente, decida sobre el otorgamiento y la renovación de licencias de televisión y radio”. La Flip, además, registró 40 casos en los que funcionarios o personas públicas buscaron acallar a la prensa en los tribunales.

El asedio de la violencia

Para la Flip, los periodistas están rodeados de enemigos como los grupos al margen de la ley que asesinan, amenazan y desplazan; los funcionarios que estigmatizan, censuran, acosan y ocultan información; la fuerza pública que agrede, obstruye el trabajo y detiene ilegalmente; y un Estado “que desprotege, no investiga y permite que los hechos de violencia contra la prensa queden en la impunidad”. “El 2018 significó un retroceso en garantías de seguridad para los periodistas y se configura como el más violento para la prensa en los últimos quince años”, explica la organización.

El año pasado, la Flip documentó 477 violaciones a la libertad de prensa. La más frecuente, se lee en el informe, es la amenaza: de 90 casos en 2016 y 129 en 2017, se pasó a 200 casos de amenazas en 2018, con 256 víctimas. A manera de ejemplo, la organización cita el caso de un comandante de la Policía en Convención (Norte de Santander) que, en abril del año pasado, tildó a los periodistas de la emisora Manantial Estéreo de ser facilitadores de grupos armados y de hacer apología a la guerrilla. Esto sucedió después de que la emisora fuera obligada por el EPL a leer al aire dos comunicados.

La vulnerabilidad, de acuerdo con la Flip, incrementa cuando la estigmatización proviene de figuras públicas que cuentan con audiencias importantes. “El Estado tiene el deber de proteger a los periodistas y de asegurar ambientes óptimos para su trabajo, tanto por el interés que tiene la prensa de informar como por el que tiene la ciudadanía de conocer sobre estos asuntos”, señala el documento de 53 páginas, que resalta el recrudecimiento de la violencia en el país, la implementación de los acuerdos de paz que ha despertado el interés de la prensa en temas como la reincorporación de excombatientes o la reorganización de los grupos que buscan apropiarse del negocio del narcotráfico.

Acoso de grupos armados ilegales

El informe destaca que el año pasado la violencia contra la prensa incrementó en el departamento de Norte de Santander, al documentar 29 agresiones con 40 víctimas, una cifra mayor a la registrada en 2017 con diez agresiones y 15 víctimas.

“La mitad de las agresiones ocurrieron en el Catatumbo, región donde la ciudadanía y la prensa están acorraladas en medio de la guerra entre el ELN y el EPL. Tras la imposición del paro armado de abril de 2018, el acoso de los grupos armados hizo que durante casi un mes las emisoras del Catatumbo tuvieran que cerrar u operar a media marcha, cediendo a las amenazas de los violentos que exigían la publicación de comunicados sobre el paro”, dice la Flip.

La organización asegura que además del EPL y el ELN, los paramilitares y las bandas criminales son las responsables de por lo menos 53 ataques a la prensa y que diez de estas agresiones corresponden a las Águilas Negras.

Presencia del Estado

Colombia, desde el 2000, cuenta con un sistema de protección de periodistas (actualmente a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP)) que invirtió el año pasado $29 mil millones. La Flip expresa que, aunque 172 periodistas cuentan actualmente con medidas de protección, “el sistema es deficiente y, con el paso del tiempo, muestra más sus limitaciones que sus aportes”.

El documento cita el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y las personas defensoras de derechos humanos”, suscrito en agosto del año pasado en Apartadó (Antioquia) por el Gobierno, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Como resultado del pacto, en noviembre el Ministerio del Interior presentó su “Plan de Acción Oportuna (PAO)”, que busca, entre otras cosas, velar por la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas.

Sin embargo, la organización sostiene que el acuerdo, aunque contempla la prevención de la violencia a partir de campañas de comunicaciones, “no ha contado con espacios amplios de discusión y construcción con la sociedad civil, por lo cual no resuelve otras falencias del sistema de protección, como la falta de coordinación entre las instituciones del Estado (incluyendo las judiciales), la falta de enfoques diferenciales y los largos tiempos de respuesta”. Además, que no tiene un enfoque especial que considere los riesgos a los que están expuestos los reporteros y las necesidades de protección para que ejerzan su labor.

La acción de la justicia

La acción de la justicia para la protección de los periodistas es cuestionada en el informe de la Flip. Si bien asegura que el año pasado se avanzó porque la Fiscalía designó un fiscal especializado para la investigación de las amenazas en Bogotá y en otras regiones del país, las falencias persisten. “Por ejemplo, no cuenta con unidades técnicas especializadas para la investigación de delitos contra la prensa que puedan identificar patrones y desactivar amenazas comunes. También hace falta diligencia en las investigaciones y protección para que los testigos estén dispuestos a colaborar”, expone el documento.

También asevera que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se convirtió en uno de los agresores destacados de la prensa al atacar, estigmatizar y burlarse de los periodistas encargados de (…) la audiencia de control político en el Congreso por los cuestionamientos que se le hicieron en relación con el caso Odebrecht. “Con estas agresiones el fiscal violó sus deberes de ser tolerante a la crítica y al escrutinio de sus acciones, y de mantener un ambiente favorable para la libertad de prensa”, agrega el documento.

Plano legal de la libertad de prensa

En plano legal de la libertad de prensa es otro de los puntos discutidos. En le caso del Congreso, por ejemplo, la Flip rastreó ocho proyectos de ley que podrían comprometer la labor periodística. En la mayoría de los casos las medidas propuestas son, según el informe, restrictivas del derecho a la libertad de expresión.

En cuanto a los estrados judiciales, la organización indica que es un lugar donde los censuradores encuentran garantías. “En 2018, el acoso judicial se consolidó como una de las herramientas preferidas de los censuradores, debido a su efectividad y fácil ejecución. El uso de denuncias penales, tutelas, demandas civiles, medidas cautelares e, incluso, las meras amenazas de emprender acciones legales se han convertido en el cuarto tipo de agresiones más comunes contra la prensa”, explica la Flip, que el año pasado documentó 38 casos de acoso judicial a periodistas en todo el país, un incremento de más de 171% respecto del 2017, cuando se registraron 14 casos.

 

A la organización le preocupa que los funcionarios públicos (incluidos los de elección popular) son quienes más acuden a los juzgados para influir en la línea editorial de un periodista. En 2018, en el 65,7% de los casos de acoso judicial el victimario, al parecer, era un funcionario público.

Respecto a los homicidios, la Flip dice que el año pasado la justicia respondió en algunos casos de homicidios contra periodistas. Prueba de ello es que se impuso la condena más alta en delitos contra la libertad de expresión y se adoptaron decisiones trascendentales en casos que llevaban más de 10 años sin resolverse. Esto contrasta con los niveles de impunidad. “De 158 homicidios registrados hasta el 2018, solo en un caso se ha condenado a toda la cadena criminal, en cuatro casos a los autores intelectuales y en 28 casos a los autores materiales, siendo 125 el total de casos en completa impunidad”, revela la Flip.

Si bien para la organización es innegable que la impunidad alcanza cifras muy altas que han persistido a lo largo de varios años, el 2018 ha sido diferente por las decisiones que se han tomado.

Avances en las investigaciones

Nelson Carvajal

Fue un periodista radial en el municipio de Pitalito (Huila). Fue asesinado por sicarios el 16 de abril de 1998. El 6 de junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el fallo en el que condena al Estado colombiano por no cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida del periodista e investigar de forma diligente su homicidio.

Luis Antonio Peralta

Era periodista y director de la Emisora Linda Estéreo en el Doncello, en Caquetá. Fue asesinado el 14 de febrero de 2015. Casi tres años después, el 1 de febrero de 2018 el Juez Segundo Penal Especializado de Florencia condenó a Yean Arlex Buenaventura, señalado de asesinar al periodista y a su esposa Sofía Quintero.

Jaime Garzón

El 13 de agosto de 2018, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez Martínez, exdirector del DAS, por su participación como autor intelectual en el homicidio en contra del periodista y humorista Jaime Garzón. En la sentencia condenatoria se destaca que Narváez habría sugerido directamente a Carlos Castaño asesinar a Garzón, acusándolo de ser guerrillero. A propósito, este año se cumplirá 20 años de su muerte.

Guillermo Cano

Fue periodista y director del diario El Espectador. Fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios pertenecientes a la banda los Priscos, grupo criminal al servicio del Cartel de Medellín. Tras años de irregularidades y ausencia de avances en el proceso, el 1 de noviembre de 2018, la Fiscalía decidió vincular al proceso a Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y a Gustavo Adolfo Gutiérrez Arrubla, conocido como alias Maxwell, quienes fueron personas cercanas a la actividad delincuencial del Cartel de Medellín y de Pablo Escobar.

Julio Daniel Chaparro y Jorge xTorres

Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas eran periodistas de El Espectador. Fueron asesinados el 24 de julio de 1991, en el municipio de Segovia, Antioquia, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los reporteros estaban realizando una investigación periodística de la masacre del 11 de noviembre de 1988 en la que fueron asesinadas 46 personas en este mismo municipio. Después de varios tropiezos en la investigación y muy cerca a la fecha de la prescripción de este caso, el 3 de diciembre de 2018 la Fiscalía decidió declarar como crimen de guerra el homicidio de los dos periodistas.

Negligencias en investigaciones

Tres casos de asesinatos de periodistas, precisa el documento, prescribieron en 2018: Óscar García Calderón, Bernabé Cortés y Amparo Leonor Jiménez Pallares. Los dos primeros casos quedaron en completa impunidad, mientras que en el caso de Amparo Leonor Jiménez Pallares solo se logró la condena de uno de los autores.

Otra de las negligencias es las investigaciones contra periodistas es el caso de la periodista Claudia Julieta Duque. En el 2018 quedaron en libertad tres de los implicados como consecuencia del vencimiento de términos.

Asimismo, en el caso de Jineth Bedoya, han transcurrido más de 18 años desde la ocurrencia de los hechos y desde que concluyó el juicio contra dos de los presuntos responsables, sin que a la fecha se haya tomado decisión que defina la condena de los autores.

About admin

Check Also

EE. UU. anuncia norma que rechaza a inmigrantes de bajos recursos

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes una norma que reduce la cantidad …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *